Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.- En
acciones enfocadas a la prevención de ilícito, el Grupo de Coordinación en Seguridad,
integrado por elementos de los tres niveles de gobierno, detuvieron a tres
personas probables responsables de cometer delitos de trata de personas y venta
clandestina de bebidas embriagantes en el municipio de Ocosingo.
Derivado
de denuncias ciudadanas sobre trata de personas, corrupción de menores, lenocinio,
venta clandestina de licor, entre otros ilícitos; elementos de la Marina, Procuraduría
General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
en coordinación con la Fiscalía Especializada en delitos contra migrantes y la Secretaría
de Salud, implementaron un operativo coordinado en tres inmuebles utilizados
como cantinas, ubicados en el ejido Santo Domingo.
En
los lugares los elementos de las distintas corporaciones, realizaron diversas
inspecciones, a través de las cuales se detectó que ninguno de los inmuebles
utilizados como cantina cuenta con la licencia oficial para vender bebidas alcohólicas,
además de utilizar a menores de edad, de entre 15 y 17 años, como empleadas del
lugar.
Con
base en ello, se detuvo Felipe Sánchez Pérez, de 67 años de edad; Carolina
Sánchez López, de 36 años y Juan Méndez López, de 40 años de edad, dueños de dichos
sitios donde también se rescataron a cinco menores de edad originarias de los
ejidos de Palestina y Limonar, de Ocosingo, quienes se dedicaban a servir y
consumir bebidas embriagantes con los clientes.
Como
resultado, se realizó el decomiso de las bebidas, se clausuraron los tres
lugares y se pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Público del Fuero
Común a las tres personas por los probables delitos de trata de personas y
venta clandestina de licor.
Cabe
hacer mención que las menores de edad fueron presentadas en calidad de testigos
ante la autoridad competente para comprobar los ilícitos en los que incurrían los
tres propietarios de los centros clandestinos.
Con
estas acciones el Grupo de Coordinación en Seguridad, refrenda el compromiso
del Ejecutivo Estatal de inhibir la comisión de hechos delictuosos que pongan
en riesgo la integridad física de las y los chiapanecos.
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